Mientras América Latina aún discute cómo regular la inteligencia artificial, Rusia acaba de crear jurisprudencia.
La Justicia rusa dictó las primeras dos sentencias por crear pornografía con inteligencia artificial, un caso que enciende alertas sobre el uso de los deepfakes y la urgencia de legislar.
Los dos casos son distintos pero igual de reveladores. En la región de Lípetsk, un hombre de 48 años fue condenado a tres años de prisión suspendida por descargar fotos de redes sociales sin consentimiento y convertirlas en deepfakes pornográficos.
Modificó nueve imágenes de usuarios reales. Además de la condena, el tribunal lo inhabilitó por cinco años para administrar sitios web y recursos de internet.
El segundo caso tiene un matiz inquietante. En Briansk, un adolescente usó fotos de una conocida para crear material pornográfico con IA y lo distribuyó entre sus contactos. Su defensa: que era “una broma”. El tribunal no lo vio así y lo condenó a dos años de prisión suspendida, más una compensación de 50,000 rublos, unos 580 dólares, para la víctima. Un segundo adolescente implicado en modificar las imágenes enfrenta ahora una causa penal separada.
Rusia no se detiene ahí. Desde marzo de 2026, el senador Vladimir Kozhin impulsa un proyecto de ley específico contra deepfakes que propone penas de hasta siete años de prisión para casos graves.
La iniciativa prohibiría crear, almacenar y distribuir contenido sintético no consensuado, y obligaría a las plataformas digitales a implementar sistemas de denuncia y eliminación.
El contraste con América Latina es marcado. Mientras Rusia ya tiene sentencias firmes y una ley en proceso, la región aún carece de legislación específica sobre deepfakes. México, Colombia y Argentina han avanzado en leyes de protección de datos y ciberseguridad, pero ningún marco legal aborda de manera explícita la creación y distribución de contenido sintético no consensuado.
El caso ruso expone una realidad que trasciende fronteras: el deepfake ya no es ciencia ficción ni una herramienta de élite. Cualquier persona con acceso a modelos de IA gratuitos puede generar contenido falso hiperrealista.
Las víctimas eran usuarios comunes de redes sociales, no figuras públicas. Y el agresor no era un ciberdelincuente sofisticado, sino un adolescente que “bromeaba”.
La pregunta que dejan estas sentencias es directa: ¿cuánto tiempo más puede América Latina permitirse no tener una ley específica contra los deepfakes?
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