El Gobierno de Suecia bloqueó ChatGPT y Claude en las computadoras de su personal. Desde el lunes 26 de octubre, los funcionarios del Regeringskansliet solo podrán usar herramientas de IA aprobadas, con Microsoft Copilot a la cabeza.
La medida no es un veto total: parte del personal seguirá accediendo a esos modelos por una plataforma interna.
La diferencia importa. No se trata de prohibir la inteligencia artificial en el sector público, sino de cerrar el uso de servicios que no tienen contrato ni controles de seguridad.
Qué cambia desde el lunes
El bloqueo aplica a los equipos de trabajo, no a los teléfonos personales. Sveriges Radio Ekot informó que la medida busca que los empleados usen solo los servicios que el Gobierno aprobó. Dagens Industri confirmó que la restricción empieza la próxima semana.
Microsoft Copilot queda como la herramienta de referencia. Computer Sweden detalló que el Gobierno también elevó la seguridad de Copilot tras una revisión interna.
El motivo: contratos y datos sensibles
El director de digitalización, Mikael Wettercrantz, evitó dar entrevistas. En la intranet del organismo escribió que usar servicios de IA sin un acuerdo puede tener consecuencias para la seguridad de la información. No mencionó un incidente concreto.
El antecedente ayuda a entender la decisión. El Regeringskansliet ya había restringido DeepSeek, y la auditoría interna de Trafikverket, la autoridad de transporte, encontró este año el uso extendido de una decena de servicios abiertos de IA, con ejemplos de información sensible introducida sin control. Ese patrón es el que el Gobierno quiere cortar.
No es el único organismo
La medida se está replicando. La agencia tributaria Skatteverket y la junta de instituciones Statens institutionsstyrelse ya aplican bloqueos similares, y Kronofogden, la autoridad de cobro ejecutivo, estudia el tema. Todas comparten el mismo argumento: si no hay contrato, no hay garantías sobre dónde terminan los datos.
La lógica es defendible, pero también deja una pregunta incómoda. Un funcionario que necesita IA para redactar un informe y no tiene acceso a la herramienta aprobada puede terminar usando la versión personal en su teléfono.
El bloqueo, en ese caso, solo mueve el problema de lugar.
La puerta que queda abierta
El propio Gobierno reconoció que parte del personal mantendrá acceso a ChatGPT y Claude mediante una plataforma de asistentes que desarrolló internamente. La agencia de noticias no detalló el alcance ni qué áreas la conservan.
El contexto encaja con un movimiento anterior: en agosto, el medio especializado Techtidningen reportó que Regeringskansliet contrató a la empresa sueca Intric para una plataforma de IA que permite elegir modelos como ChatGPT, Claude y Gemini sobre infraestructura sueca.
La idea es que el organismo controle qué modelo usa cada tarea y dónde se almacenan los datos.
Ese es el punto que los titulares de “prohibición” dejan fuera. Suecia no está apagando la IA; está decidiendo por qué puerta entra.
Qué significa para América Latina
Varios gobiernos de la región están en la misma etapa: empleados usando chatbots sin política clara, datos personales en cuentas gratuitas y cero trazabilidad. La lección sueca es que prohibir sin ofrecer una vía aprobada no funciona.
La otra mitad de la receta es tener un canal controlado, con contratos, registros y modelos elegibles.
El debate real no es ChatGPT sí o no. Es quién controla el canal por el que la IA entra al Estado y qué pasa con los datos que se escriben ahí.
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