Corea del Sur acaba de anunciar que creará un fondo público financiado con impuestos adicionales provenientes del auge de semiconductores e inteligencia artificial.
El objetivo: combatir la creciente desigualdad económica y apoyar a emprendedores y jóvenes de entre 20 y 30 años. Suena progresista, casi europeo.
Pero hay un detalle que complica la narrativa: el 85% de votantes de la región donde se instalarán las nuevas fábricas apoyó al presidente Lee Jae-myung en las elecciones presidenciales.
El jefe de Gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik, confirmó el plan este domingo en una reunión del Ejecutivo y el gobernante Partido Democrático. El fondo está destinado a “invertir audazmente en el futuro de Corea del Sur” y responder a lo que la economía del país vive como una polarización “en forma de K”: personas e industrias que crecen a ritmos muy diferentes mientras la brecha se amplía.
El mega-plan detrás del fondo
Lo que no se mencionó es que este fondo es la consecuencia directa de una de las mayores apuestas industriales de la historia reciente. El 29 de junio, el presidente Lee Jae-myung presentó un plan de inversión de entre 576 y 880 mil millones de dólares, con Samsung Electronics y SK Hynix como piezas centrales.
Ambas empresas construirán dos nuevas fábricas de chips cada una en la región suroeste del país, específicamente en Gwangju y la provincia de Jeolla del Sur.
Samsung y SK Hynix no son cualquier empresa: son los dos mayores fabricantes de memoria del mundo, dominantes en chips de memoria de alto ancho de banda (HBM), esenciales para los procesadores de IA avanzados. Su dominio del suministro de HBM los ha convertido en actores centrales de la carrera global por la inteligencia artificial. El presidente Lee describió el plan como “un gran salto adelante” con un “triple eje”: semiconductores, IA física y centros de datos.
La tensión entre tecnología y política
Aquí es donde la cosa se pone interesante. La inversión total incluye 800 billones de wones (518 mil millones de dólares) para las nuevas fábricas, más 81 billones de wones para un clúster de empaquetado de chips en la región de Chungcheong, cerca de Seúl. La producción de DRAM se duplicará en cinco años, adelantando la construcción de fábricas en el área metropolitana de Seúl a mediados de la década de 2030.
Pero los opositores señalan algo incómodo: el 85% de votantes de la región suroeste apoyó a Lee en las elecciones presidenciales del año pasado. La decisión de llevar las nuevas fábricas precisamente ahí genera sospechas de clientelismo tecnológico. El propio Lee defendió el plan en publicaciones en X, rechazando las críticas de que favorece a un bastión liberal.
Expertos del sector advierten otro problema: construir fábricas de chips de vanguardia requiere electricidad masiva, agua, logística avanzada y mano de obra altamente calificada.
Los sitios actuales centrados en Yongin y Pyeongtaek ya alcanzaron sus límites, pero replicar esa infraestructura en una región nueva no es trivial. “Tomó nueve años crear un clúster en Yongin”, señaló el presidente de SK Hynix, Chey Tae-won.
¿Modelo exportable o experimento local?
Lo que Corea del Sur está haciendo tiene implicaciones que van más allá de sus fronteras. Cuando un país cobra impuestos a las empresas de IA y redistribuye esos fondos para combatir la desigualdad, está probando un modelo que ningún otro gobierno se ha atrevido a implementar con este nivel de ambición.
En mayo, el jefe de la Oficina de Políticas presidencial, Kim Yong-beom, ya había planteado la idea de repartir beneficios fiscales de la IA entre los ciudadanos, generando una fuerte polémica. El presidente Lee tuvo que aclarar que no se trataba de repartir beneficios empresariales.
Para economías latinoamericanas donde la industria tech se concentra en una sola Ciudad de México, Buenos Aires o São Paulo, la lección surcoreana es doble: por un lado, la tributación de beneficios de IA como herramienta de redistribución; por otro, los riesgos de mezclar decisiones tecnológicas con motivaciones electorales.
La pregunta no es si la IA generará riqueza suficiente para gravarla, sino quién decide dónde se invierte esa riqueza y bajo qué criterios.
